LA NECESIDAD IMPONER UN CONVENIO NEOLIBERAL





Mediante agresiones, amenazas y campañas de desinformación el gobierno del estado a través del director general del ISSSTESON quiere imponerle a los trabajadores de la Universidad de Sonora "un acuerdo de voluntades” a todas luces ilegal modificando el contrato...

Por Isabel Dorado Auz
Fecha de publicación: 2019-05-31 00:00:00

Esta nota pertenece a la categoria: Politica

 
 
 

Isabel Dorado Auz

Mediante agresiones, amenazas y campañas de desinformación el gobierno del estado a través del director general del ISSSTESON quiere imponerle a los trabajadores de la Universidad de Sonora "un acuerdo de voluntades” a todas luces ilegal modificando el contrato del 31 de marzo de 1990 de forma unilateral.

Ha sido una guerra declarada en contra de los trabajadores universitarios a tal grado que el director del ISSSTESON se atrevió a reducir en un 71% las pensiones tabulares y amenazó con desafiliar de la prestación social a los trabajadores universitarios. Trató de justificar sus acciones haciendo una interpretación aberrante de una resolución de la Suprema Corte de Justicia y con ello infundió miedo con la complicidad de las directivas de los dos sindicatos universitarios, quienes a su vez intentaron trasmitir ese miedo a las bases que supuestamente representan.
 
Lo cierto es que el convenio de 1990 sigue siendo vigente y ha permanecido como tal en los últimos 14 años a pesar de la modificación hecha a la Ley 38 en el sexenio del gobernador neoliberal Eduardo Bours Castelo. Debido a que dicho convenio solo permite una jubilación con el 62% del sueldo total del trabajador, se han hecho esfuerzos por incrementar ese porcentaje pero las negociaciones no han llegado a buen término. Para tratar de convencer a los trabajadores de la idoneidad del convenio neoliberal que se pretende imponer se ofrece la zanahoria de una jubilación con el 100% del sueldo total, aunque el convenio en sí no garantiza que se pueda llegar a ese porcentaje. Sin embargo, el sacrificio que deberán hacer los trabajadores implica multiplicar por tres sus aportaciones al ISSSTESON, lo cual no favorece para nada la alicaída economía de estos trabajadores que se han tenido que tragar los topes salariales impuestos en los últimos años. Por si fuera poco, pretenden cobrar cuotas retroactivas al uno de enero de este año, lo cual sentaría un precedente histórico difícil de observar en otras negociaciones obrero-patronales.

Por otro lado, el convenio neoliberal que se pretende imponer no ofrece garantías de que no desfalcarán nuevamente a la institución. Recordar que se anunció un desfalco al fondo de pensiones y jubilaciones por 6,101 millones de pesos, de los cuales no se ha recuperado un solo centavo. Además, el gobierno del estado se ha dado el lujo de no entregar el subsidio completo a la Universidad de Sonora, adeudándole poco más de 500 millones de pesos, los cuales si se suman a los poco más de mil millones de pesos que obtendrán por la venta de los estadios se cubriría el hoyo financiero que hoy dicen es de 1,600 millones de pesos. Esto es, hay manera de sanear las finanzas sin recurrir a los bolsillos cada vez más vacíos de los trabajadores universitarios.

Ha sido tan torpe la forma de operar este garrotazo institucional que el poco prestigio que aún conservaba la autoridad universitaria lo han echado por la borda. Obligaron al rector a llevar a cabo una Consulta sobre la aceptación o no de una Minuta que se prestaba a una serie de interpretaciones. Tal Consulta se llevó a cabo de manera precipitada no logrando alcanzar ni una tercera parte de los votos convocados. Ahora pretenden restarle prestigio a las directivas sindicales para que sean estas las que obliguen a sus bases a aceptar la amarga medicina. En el caso del STAUS la decisión de llevar a cabo esta otra Consulta sobre la aceptación o no del nuevo convenio no fue tomada por la máxima autoridad sindical, la Asamblea General, y no se previó establecer cuál sería el mínimo de votos necesarios para considerarla válida. Como ejemplo, pondremos el caso de la elección de delegados, la cual requiere de una participación de dos terceras partes de los afiliados a cada delegación. Una cifra que parece imposible alcanzar dado que los maestros de horas sueltas, que representan más del 50%, son difíciles de localizar en estas fechas. Esto es, se corre el riesgo de tratar de imponer un convenio con la aceptación del mismo por tan solo una tercera parte de los trabajadores.

Seguramente no han valorado las implicaciones legales en las que se estarían metiendo en caso de que triunfe el SI en la Consulta del próximo lunes 3 de junio. Lloverán, sin duda, las demandas individuales de quienes sienten que se les están violentando sus derechos ganados en tantas luchas sindicales

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