ATENTADO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, LA BIODIVERSIDAD Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (Parte 2)





De acuerdo con el estudio efectuado por CEMDA es imprescindible contar con disposiciones claras que permitan hacer operativo el Art 49 sobre la participación efectiva de los pueblos indígenas.

Por Martha Elva González Pérez
Fecha de publicacin: 2018-05-07 00:00:00

Esta nota pertenece a la categoria: Opinión y Sociedad



Por Martha Elva González Pérez

De acuerdo con el estudio efectuado por CEMDA es imprescindible contar con disposiciones claras que permitan hacer operativo el Art 49 sobre la participación efectiva de los pueblos indígenas.

Así como regular adecuadamente el procedimiento de conocimiento fundamentado previo, sus permisos y un instrumento en el que se confluyan las condiciones mutuamente acordadas.

Definir qué recursos genéticos son regulados por art. 15, 16 y 19 del CDB y cuál es su régimen de propiedad. Expresar una definición clara de beneficios monetarios y no monetarios -Anexo I Protocolo de Nagoya-, además de señalar cuáles son los mecanismos y procedimientos para distribuir beneficios, reconocer plenamente derechos indígenas y disposiciones que los hagan operativos, impulsar una regulación adecuada del CLIP / definición de territorio indígena.

¿Quién es la autoridad competente?

Se requieren disposiciones que regulen el conocimiento tradicional y aspectos bioculturales, al tiempo que se establece la obligación de considerar aspectos socio-económicos y la integración de disposiciones que regulen el conocimiento tradicional y aspectos bioculturales.
 

Con relación a este argumento, la Iniciativa señala que actualmente existen diversos ordenamientos que indirectamente regulan la biodiversidad,  tales como las disposiciones de la LGEEPA  y contenidos de Normas  Oficiales Mexicanas. Por lo tanto, se propone una ley específica para dar más claridad en la regulación  de la biodiversidad e impactar en su transversalidad en los otros sectores.

Pero, para lograr dicha transversalidad y ser un referente fundamental en la elaboración de los programas sectoriales, los lineamientos y reglas de operación de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal -en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán reflejar los contenidos de la "Estrategia Nacional sobre Biodiversidad” y éstos deberán ser incorporados en su ejecución, con la supervisión de la Secretaría de la Función Pública.

Cabe mencionar, que hipotéticamente se pretende que la biodiversidad sea un elemento a considerar en la creación de programas sectoriales -tal como en su momento se propuso en el tema de cambio climático  a través del Programa Especial de Cambio Climático- y que las entidades federativas elaboren "Estrategias Estatales”, sólo que a diferencia del programa de Cambio Climático en esta última no se prevén mecanismos financieros  o presupuestales que garanticen la implementación de las acciones contenidas en la ENB.

Luego entonces… ¿cómo pretenden articular las acciones entre los tres órdenes de gobierno?

Por otra parte, la Iniciativa no desarrolla las atribuciones específicas de los municipios en materia de biodiversidad,  por lo que no se refleja efectivamente la concurrencia en el tema.  

Es decir, si bien se prevé la participación de los municipios en distintos actos de autoridad a lo  largo  del  texto de la Iniciativa – por ejemplo en materia de ANPs y en la elaboración  de políticas públicas de biodiversidad –por técnica legislativa y certeza jurídica es correcto hacer un numeral específico que contenga las atribuciones  específicas de los  municipios en materia de biodiversidad.

¿Qué alcance tienen los artículos transitorios de la LGB?

Del Artículo Sexto se desprenden diversas disposiciones que son motivo de preocupación, las cuales se enuncian a continuación:


Se reforma el procedimiento de creación de un ANP que además de contar con los estudios técnicos justificativos se obliga a la publicación de un extracto del programa de manejo que en la práctica dificultará la creación de nuevas ANP.
 
No se establece un plazo determinado para la terminación del  programa de manejo del ANP, es decir, se entiende que este debe existir antes del decreto de creación, mas no existe una temporalidad para hacerlos y se prevé en cambio, la posibilidad  de hacer evaluaciones semestrales sobre los avances de este programa sin tener un límite para su conclusión.  Cabe recordar en ese sentido, que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que exhorta a las autoridades hacer la publicación de los programas de manejo faltantes conforme al marco legal actual.

Se hace más flexible el régimen de protección de las ANP al cambiar el lenguaje que actualmente prevalece en la LGEEPA respecto a las actividades permitidas en las distintas categorías de ANP. Así, mientras que  la LGEEPA  permite únicamente cierto  tipo de actividades compatibles con la categoría de ANP de que se trate, la LGB dará preferencia a estas actividades, haciendo más permisivo el régimen de protección de un ANP.  

Al hacer más flexible el régimen de protección de las ANP no sólo no se cumple con el  principio de progresividad que caracteriza el cumplimiento de derechos humanos como es el derecho al medio ambiente sano,  sino que representa un franco retroceso respecto al marco  legal vigente y lo cual implica una violación al principio de no regresión que impera en el derecho ambiental.

Se elimina la disposición que actualmente regula el procedimiento de modificación de ANP el cual señala que una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas para la expedición de la declaratoria respectiva.
 
Por lo tanto, al eliminar dicha disposición,  se deja al arbitrio de la autoridad el procedimiento para modificar un ANP en contravención a los principios de legalidad y seguridad jurídica. No existen mecanismos específicos para llevar a cabo la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de las comunidades indígenas localizadas o afectadas/beneficiadas por el establecimiento de un ANP.

Omisiones sin fundamento

Se omite la prohibición de la importación de marfil, en cualquiera de sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte, con la legislación aplicable sólo se contempla la  prohibición en la exportación.  También se prescinde la prohibición del aprovechamiento extractivo de tortugas marinas de cualquiera que sea la especie, ya sea  de  subsistencia  o comercial,  incluyendo  sus  partes  y derivados y remite a decretos de veda las condiciones para su regulación.

Por efecto del Transitorio Décimo, sigue la prohibición del  aprovechamiento extractivo de psitácidos en tanto se emitan las vedas correspondientes a las especies cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.  Ello  implica que el  aprovechamiento  extractivo de psitácidos se hace más flexible.

La conservación de la biodiversidad a través de esta Iniciativa depende también de las medidas contenidas en la misma para su efectiva aplicación. En este rubro,  toman especial relevancia los mecanismos de acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y las medidas de inspección y vigilancia contenidas en la Iniciativa. Sin embargo, no se contemplan mecanismos culturalmente adecuados para poner a disposición información relevante a pueblos y comunidades indígenas, pues recordemos como ya se señaló que México es un Estado pluricultural.

Asimismo,  se dejan fuera mecanismos específicos de participación para pueblos indígenas y comunidades equiparables, en cuanto a la inspección y vigilancia, la Iniciativa contempla supuestos, para acreditar la legal procedencia, que no se ajustan a la realidad y que posibilitan la impunidad.

Finalmente, esta iniciativa desaprovecha la oportunidad para mejorar los aspectos normativos relacionados con los procedimiento de inspección y vigilancia en materia de vida silvestre o biodiversidad, cómo especificar los métodos y procesos a aplicar en caso de flagrancia, los métodos y procesos para fijar las garantías, dotar de elementos normativos y especializados a los inspectores respecto a la identificación de ejemplares, entre otros.

Primera Parte:

http://www.contactox.net/vernoticias.php?artid=22155&cat=235

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