ONU CONVOCA A AUTORIDADES MEXICANAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE DEFENSORAS DE DD.HH. CON PERSPECTIVA DE GÉNERO





En fecha reciente la ONU Mujeres y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenaron  enérgicamente el asesinato de Guadalupe Campanur, defensora indígena del Estado de Michoacán.

Por Martha Elva González Pérez
Fecha de publicacin: 2018-02-06 00:00:00

Esta nota pertenece a la categoria: Opinión y Sociedad



Por Martha Elva González Pérez

En fecha reciente la ONU Mujeres y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenaron  enérgicamente el asesinato de Guadalupe Campanur, defensora indígena del Estado de Michoacán.

De acuerdo con los datos recibidos y difundidos  por ONU-DH, así como las autoridades locales, la activista estaba desaparecida desde el 3 de enero y su cuerpo fue localizado sin vida hace aproximadamente 20 días −16 de enero 2018−  en el municipio de Chilchota presentando signos de abuso sexual y estrangulamiento producido entre 36 y 48 horas antes de su descubrimiento.

Es importante destacar, que "Cherán se ha convertido en un ejemplo singular del autogobierno indígena en México al cancelarse las elecciones del 13 de noviembre de 2011, que se desprende de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en que se determina que la comunidad elegirá a su ayuntamiento sin intervención de los partidos políticos mediante el sistema de usos y costumbres creando un sistema propio de gobierno para protegerse de las prácticas que durante largo tiempo los había estado afectando.

Cabe mencionar que este ejemplo singular de autogobierno indígena fue reconocido por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, tras su visita oficial a México en noviembre de 2017.

El comunicado posteriormente difundido por la ONU destaca que el objetivo de su visita era doble, por una lado, examinar la implementación de las recomendaciones realizadas por su predecesor, el Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, por otro lado, evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas.

En este contexto, se señala que un asunto pendiente reiteradamente enfatizado por los pueblos indígenas es la necesidad de contar con un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y no como simples sujetos de interés público.   

La Relatora Especial de la ONU, hace mención sobre la marcada discriminación estructural y la invisibilidad que siguen enfrentando los pueblos indígenas, situación que se desprende de la observación realizada por la CEDR en 2012, aún cuando en México existe un desarrollado marco institucional para combatirla.

De igual modo, subraya que la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, es un paso importante para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que México presenta en el plano internacional,  toda vez que con la modificación al artículo 1, se establece que los derechos humanos  son directamente aplicables a todos por lo que pueden invocarse en todos los niveles de la estructura federal, lo que implica que las legislaciones, las políticas públicas y las sentencias judiciales tienen que respetar, proteger y promover estas obligaciones internacionales.

En el caso de los pueblos indígenas, estos incluyen el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que refleja el ámbito y contenidos de los derechos de los pueblos indígenas, basados en los instrumentos universales de derechos humanos de aplicación general.

El inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural está en la base de todos los temas, incluyendo tierras y territorios; autonomía, libre determinación y participación política; auto-adscripción de los pueblos indígenas; acceso a la justicia; violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y consentimiento libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores específicos de los pueblos indígenas.

A la luz del artículo 1 de la Constitución, los conceptos de libre determinación y autonomía deben ser interpretados de acuerdo con los estándares internacionales, debiendo prestarse especial atención y reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas al autogobierno, al derecho a elegir sus propias autoridades de acuerdo con sus propios procedimientos y a la aplicación de sus propios sistemas jurídicos y normativos. Es necesario traer a colación que los sistemas de justicia de los pueblos indígenas están reconocidos en la Constitución mexicana bajo el término usos y costumbres.

Otra situación que se presenta con cierta recurrencia es la marcada impunidad, misma que aumenta el sufrimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos y elimina los incentivos para que los perpetradores respeten la ley, por ello, la Relatora Especial de la ONU subraya que un reconocimiento efectivo de la jurisdicción indígena podría ayudar en la lucha contra este grave problema.

En su declaración Victoria Tauli-Corpuz, reconoce los avances a las diferentes formas de justicia indígenas, como: las policías comunitarias, los juzgados indígenas y otras formas de resolución de conflictos, sin embargo, expresa que aún son insuficientes al realizarse de forma ad hoc y difiere entre los Estados, por lo que es necesario impulsar discusiones a profundidad entre los órganos de justicia, las autoridades mexicanas pertinentes y los pueblos indígenas con objeto de desarrollar la necesaria armonización. Esto incluiría mecanismos para garantizar que el ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus sistemas de justicia, no tiene como resultado su criminalización.

Desde luego, no inadvierte los problemas relacionados con el acceso a la justicia, casos de extrema violencia contra los pueblos indígenas −a menudo− relacionados con cuestiones de tierras y territorios, casos de graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en diferentes Estados de la nación, muchos de ellos aún pendientes de resolución −alegaciones de masacres, asesinatos, desapariciones forzosas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados que se atribuido a individuos, el crimen organizado, grupos paramilitares, oficiales de la ley y militares, proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras y recursos−, escenarios complejos en los que difícilmente los indígenas afectados por estas graves violaciones de los derechos humanos pueden acceder al sistema ordinario de justicia por varias razones, incluidas, entre otras, la distancia física las instituciones de administración de justicia, las barreras lingüísticas, la falta de asistencia legal apropiada, la falta de recursos económicos para poder seguir con un demanda, el miedo a las represalias si se presenta una denuncia y la falta de mecanismos apropiados de protección. Se me informó también de una cifra negra de casos que no se reportan a las autoridades y que deberían tenerse en cuenta.

Las razones expuestas con anterioridad encuadran el complejo escenario y las terribles circunstancias sociales que atraviesan los pueblos originarios y los valientes defensores de derechos humanos y la esencia étnica en México, sucesos trágicos como los experimentados por Guadalupe Camponur y su familia, víctima y ofendidos de la inseguridad, las desigualdades sociales y la ambición por las tierras ancestrales de los indígenas, provoca que Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México haya lamentado profundamente el feminicidio de la activista, asegurando que Guadalupe "luchó y fue un ejemplo para que precisamente se evitaran este tipo de crímenes en su comunidad”.

En este sentido, oportuno es señalar que Campanur fue integrante de la comunidad de Cherán y formó parte del grupo de personas, denominado Ronda Comunitaria que hace siete años −2011− se movilizaron para salvaguardar a la comunidad y su bosque, manifestándose en contra de la tala ilegal de su floresta, la violencia y la impunidad promovida por el crimen organizado en la región, asimismo, participó en diversas actividades, entre ellas, talleres de protección ambiental.

De igual modo, la Representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz declaró: "Reitero el llamado a las autoridades a garantizar una investigación efectiva, bajo los estándares de debida diligencia y con perspectiva de género en la desaparición y el feminicidio de las mujeres en México; garantizando el agotamiento de todas las posibilidades, respecto de la autoría y motivos del crimen, y evitando en todo momento la estigmatización de la víctima”.

El llamado de ONU Mujeres y ONU-DH a las autoridades mexicanas es contundente: "poner en marcha una estrategia de prevención que garantice la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos en 2018 con perspectiva de género”…, asimismo, expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia de Guadalupe Campanur y la comunidad de Cherán.

Dirección electrónica: marelv_tita32@yahoo.com.mx
Twitter: @marelv_tita32






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