LA SCJN FRENA EL DERROCHE DE LA PUBLICIDAD Y VANIDAD OFICIAL





En medio de los escándalos de los paraísos fiscales de funcionarios públicos, empresarios, o líderes sindicales, de los sobornos de Odebrecht, del folklor electoral de los candidatos independientes para la presidencia de la república, del fiscal carnal  o de los rasguños...

Por Olga Armida Grijalva Otero
Fecha de publicación: 2017-12-06 00:00:00

Esta nota pertenece a la categoria: Politica



Por Olga Armida Grijalva Otero

En medio de los escándalos de los paraísos fiscales de funcionarios públicos, empresarios, o líderes sindicales, de los sobornos de Odebrecht, del folklor electoral de los candidatos independientes para la presidencia de la república, del fiscal carnal  o de los rasguños y mordidas en la Asamblea legislativa de la Cd. De México, como remanso de agua fresca llegó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando frenar el derroche de la publicidad oficial, así como las medidas complementarias para su cumplimiento.

El fallo en mención establece "La Justicia de la Unión ampara y protege a la compañía global por la libertad de expresión A 19 A.C. en contra de la omisión del Congreso de la Unión, de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del art 134 de la Constitución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia política - electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución*

El fallo anterior se traduce a que se le ordena al Congreso de la Unión, expedir una ley reglamentaria, lo anterior derivado de un amparo promovido por un particular quejándose del ejercicio  arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión claramente proscrita por la Constitución.

El proyecto de resolución en referencia, fue presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el mismo Ministro que en el caso de la guardería ABC exclamó En México todo puede pasar y no pasa nada.  Con dicho proyecto  la primera Sala de la Corte amparo a la Asociación  Civil Articulo 19 ordenando dar cumplimiento al tercero transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, que a la letra expresa.

"Garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como respeto a los topes presupuestales límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivo” En todos los niveles de gobierno

El mandato expresa, "Que de ninguna disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les aseguren recursos estatales para difundir  publicidad oficial*

Señala también la sentencia de la SCJN lo que la constitución exige es, por un lado que el ejercicio del gasto en comunicación social del gobierno atienda a los principios previstos en el art. 134 y, por otro lado, que la libertad de expresión no sea afectada por la ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto*

A lo anterior hay que mencionar lo que también expresa la corte.  Si el plazo para cumplir esta sentencia expirara y no haya sido cumplida, un juez federal emplazara a requerir a los presidentes de ambas cámaras que eventualmente podrían ser requeridos y consignados penalmente por la SCJN si no se acta el amparo. Plazo que tendrá que cumplimentarse antes de abril de 2018.

COMENTARIOS

La omisión legislativa es una asignatura pendiente en el debate sobre la nueva constitucionalidad en nuestro país. El marco jurídico vigente a nivel federal no facilita la resolución de conflictos derivados de la inactividad legislativa del legislador. Con esta resolución la corte inicia  el debate de las consecuencias normativas de la inactividad legislativa, como en el caso de referencia donde se hace un uso discrecional de  recursos públicos para la publicidad oficial. Tan solo de enero a abril del presente año  se gastaron en ese rubro $ 98,599.493.00.

Por algo se empieza y ya la Corte dio el primer paso para evitar el abuso y utilización abusiva de recursos públicos.

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