CONTRALOR GENERAL DEL PERÚ, NO RESPETA DD.HH. DE CESANTES Y JUBILADOS 





El Contralor General de la República del Perú, Edgar Alarcón Tejada, en medio de las graves denuncias que le han sido formuladas, incluso por Auditores de la propia Entidad Fiscalizadora, que han motivado que tanto el Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente...

Por José Enrique de la Cruz Arteta
Fecha de publicación: 2017-06-23 00:00:00

Esta nota pertenece a la categoria: Politica


SIN SANGRE EN LA CARA

El Contralor General de la República del Perú, Edgar Alarcón Tejada, en medio de las graves denuncias que le han sido formuladas, incluso por Auditores de la propia Entidad Fiscalizadora, que han motivado que tanto el Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, forme un Grupo de Trabajo que determinará en 15 días útiles la remoción de su cargo, como la Fiscalía de la Nación que igualmente le ha iniciado investigaciones, para establecer si ha incurrido en ilícitos penales, demuestra por sus declaraciones públicas que carece de sangre en la cara.

Como muestra se suma "un botón más”, por cierto igualmente grave y desconocido a la fecha por la ciudadanía del Perú y por el Congreso de la República que la representa, el Juez del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, Juan Fidel Torres Tasso, solicitó al citado Contralor, mediante Resolución N° 534 del 23 de marzo último, recaída en el Exp. 45417-2007: "que en el plazo de tres días cumpla con cancelar a favor de los Cesantes y Jubilados de la Contraloría General, el integro de las pensiones devengadas sin fraccionar ni priorizar los pagos bajo apercibimiento de los artículos 29 y 59 del Código Procesal Constitucional en caso de incumplimiento”.

El Contralor a la fecha no ha hecho efectivo el cumplimiento de la Resolución, en tal sentido de aplicársele el artículo 29 del Código Procesal Constitucional, el Juez podrá disponer la destitución del Contralor. Así mismo, de acuerdo al artículo 59: "La sentencia firme que declara fundada la demanda debe ser cumplida dentro de los dos días siguientes de notificada”.

El Contralor ha incurrido en desacato no sólo en su calidad de tal, sino también cuando se desempeñaba como Gerente de Administración y Finanzas, Gerente General y Vicecontralor de dicho Organismo de Control, quien estaba en la obligación de programar y presupuestar la deuda que tenía y tiene con los cesantes.

Hoy en el cargo de Contralor elude esta responsabilidad, incluso porque en el presupuesto 2017 no previó partida alguna para el pago de los devengados solicitado por el Juez. Por tal motivo, por sendas resoluciones se le apercibe constantemente, para que cumpla con pagar el total de la deuda, ya que existe un saldo aproximado del 70% de la misma, y de no acatar, el Juez se verá obligado de remitir las piezas procesales a la Fiscalía de la Nación para denunciarlo por desacato, resistencia y violencia a la autoridad.

Con el agravante de que mientras ocupó esos cargos, demostrando una conducta perversa, indolente y arrogante para cumplir las demandas de los cesantes y jubilados, son las devoluciones que se ha hecho de los saldos no ejecutados de sus presupuestos en los años 2009, S/.9,508,522.27; 2010, S/.21,765,036.58; 2011, S/.22,378,801.17; 2012, S/.8,117,263.36; 2013, S/.8,745,673.75 y 2014, 8,912,192.40, que sumados al saldo del ejercicio 2008 que correspondió a la gestión del ex Contralor Matute, S/. 18,668,636.28, hacen un total de S/.98,096,125.80, que fueron devueltos en vez de destinarlos al cumplimiento de las sentencias antes citadas.

El Contralor ha mostrado una conducta constante de no acatar las sentencias judiciales que tienen la autoridad de cosa juzgada emitidas por el Tribunal Constitucional en dos oportunidades (1997 y 2001), sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009), que reconocieron los derechos de los cesantes y jubilados de la Contraloría General y determinaron la cuantía de las pensiones devengadas adeudadas correspondientes a los años 1993 al 2002; sin dejar de mencionar que dicho comportamiento está mellando la salud de muchos cesantes que en número de 73 han dejado de existir, sin recibir sus beneficios.

Lima, 23 de junio de 2017.

JOSÉ ENRIQUE DE LA CRUZ ARTETA es Ex Primer Vicepresidente de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República del Perú

Colaborador desde Lima, Perú

Nuestro colaborador reside en la hermana República de Perú

Experto en gobernabilidad democrática, anticorrupción y auditoría en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD

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