LA LEY 3 DE 3, SOLO UNA HERRAMIENTA





Recientemente se anunció que a partir del 19 de julio entrara en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, donde además de gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos se incluye a las empresas...

Por Olga Armida Grijalva Otero
Fecha de publicación: 2017-06-16 00:00:00

Esta nota pertenece a la categoria: Opinión y Sociedad

 
 

Por Olga Armida Grijalva Otero

Recientemente se anunció que a partir del 19 de julio entrara en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, donde además de gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos se incluye a las empresas como sujetos imputables, sancionando malas prácticas que incluyen operaciones empresariales con dinero público o privado, entre ellas pagos ilegales funcionarios.

Sin duda una Ley muy completa como un esfuerzo al combate a la corrupción, ley como cualquiera otra llevan implícita la función educativa, a la vez el cumplimiento coercitivo de la misma, sin embargo esta ley por sí misma no lograra el propósito planteado, si antes no hemos entendido el origen de la corrupción en nuestro país. La legislación es solo una herramienta.

Es entender que las instituciones, en cualquier país del mundo, son construcciones mentales que dependen en primera instancia de la capacidad heurística y cognitiva de los sistemas de creencias, que a su vez promueven o inhiben el surgimiento de virtudes sociales, en razón de que el sistema de creencias dirigen y limitan nuestro comportamiento, a partir de las interpretaciones que hacemos del mundo

Para explicarnos ese origen, es adentrarnos a nuestro pasado ahí encontramos la consecuencia de la realidad que hemos incluido desde la conquista en nuestro sistema de valores y creencias. Las verdades centrales que los conquistadores formaron en la mente de los indígenas, los elementos ricos de algunas verdades fueron suprimidas en la integración social, y solo fueron asimiladas las creencias que favorecían el orden del poder establecido...

Se fueron arraigando en nuestros antepasados, la variante de cómo hacerse rico a cualquier costo, el desempeño de un cargo público significo no solo una fuente de ingresos sino que además, poder explotarlo para obtener rentas o emolumentos.

Con la conquista también se desarrolló una mentalidad que se distinguió por una conducta desordenada y de privilegios en los servidores públicos, el amiguismo y el favor fueron los elementos dominantes, en el ejercicio gubernamental. El sistema de privilegios impuso un culto al ego y al poder, aunado a una falta del elemento moral como un regulador de las instituciones.

De ahí que las instituciones públicas sigan siendo repositorios de la heurística de estos sistemas internos de creencias, independientemente del partido político que gobierne, de ideologías o del desarrollo tecnológico.

Los efectos los tenemos a la vista por mencionar solo unos cuantos:

1) la cuestión moral no se ha resuelto, mucho menos la del derecho, esta reflexión no tiene cabida en México, porque no se ha discutido sobre la ética, en cambio, en nuestros códigos mentales está presente la tranza, y se ha internalizado frases como "el que no tranza no avanza”. Reina el mayor libertinaje por que las formalidades de la moral no son necesarias, nos hemos retraído del acuerdo éticos emocional como una razón de ser

2) Distorsión de la libertad, al no entender que los límites de la libertad, es la libertad misma. Ser libres, es obedecer la ley, y en México afirmamos que somos libres pero una libertad divorciada de la responsabilidad: somos libres de violar las reglas de convivencia, libres de no hacer nada, libres de no tener ley.

3) La justicia ha sido burlada y el derecho negado. Unos utilizamos a otros y todos nos usamos mutuamente por medio del engaño, el poder y la fuerza, pero no en beneficio del conjunto social, la justicia se manifiesta bajo una forma puramente práctica, como los pueblos que no tienen ley. Los problemas se llevan según la fuerza que rige el momento, o según la negociación, o según la buena disposición o la fatiga de las partes

Hemos llegado a un punto crítico en el estado de corrupción, el marco normativo para abatirla es importante, pero si no viene acompañado con una política pública diseñada para generar entre los gobernantes y gobernados la creación heurística de un sistema de creencias progresivas sustentado en los valores de la dignidad, la integridad y la libertad, la cuestión de la moral pública seguirá sin resolverse

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